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Investigan el faltante de documentación en la cárcel

14 de mayo de 2010

La presentación fue realizada por el jefe de la Unidad Nº 4, a partir de un sumario iniciado por la denuncia de Julio Moretti, sobre supuestos beneficios al interno Pablo Cuchán.

La denuncia pública que realizó tiempo atrás Julio Moretti --padre de Luciana, la adolescente que fuera ultimada, descuartizada e incinerada en Ingeniero White--, acerca de un supuesto trato preferencial en la cárcel local en favor del sospechoso de cometer el hecho, Víctor Pablo Cuchán, tuvo derivaciones inesperadas.
     Es que la fiscalía investiga la supuesta desaparición o destrucción de documentación valiosa del interior de la Unidad Penal Nº 4, a partir de la presentación formal que realizó el propio director de la cárcel de Villa Floresta, prefecto mayor Julio Isaac Cañete.
     La investigación penal preparatoria (IPP) Nº 4630/1, está a cargo del doctor Eugenio Casas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 y, pese a que salió a la luz en las últimas horas, se originó durante el mes pasado.
     Cañete, en su condición de director del establecimiento penitenciario ubicado en La Falda 2351, informó a la justicia sobre el aparente faltante del libro de registro y otros instrumentos de la sección Visitas.
     En la denuncia --que lleva la firma del prefecto mayor y del abogado Juan Marcelo Sierra y a la cual tuvo acceso "La Nueva Provincia" -- se menciona que luego de una instrucción sumarial por una "investigación prevencional", referida a "presuntos favorecimientos" al interno Víctor Cuchán, se detectó la anomalía.
     "El actual jefe de la sección Visitas de la UP, alcaide Gustavo Ortega, me informa que el alcaide Sergio Braun habría procedido a la destrucción de todos los registros documentales de la sección", expresó Cañete en la presentación.
     El funcionario advirtió que esta situación "podría haberse efectuado para encubrir una falta disciplinaria o delitos, o ambos" y aclaró que, por imperio de lo normado por el Código Penal, está obligado, en uso de sus facultades, a realizar la denuncia correspondiente.
     El caso estaría enmarcado, inicialmente, como una infracción al artículo 255 del Código Penal, que prevé penas de un mes a cuatro años de prisión al que "sustrajere, ocultare, destruyere o inutilizare... registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona en el interés del servicio público".
     El prefecto mayor Cañete se puso a disposición del fiscal actuante y aclaró que las actuaciones internas no están en este momento bajo su órbita, ya que fueron enviadas a la jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense, con asiento en la ciudad de La Plata.

Importante testimonio
     En el marco de la pesquisa, el alcaide Ortega --asumió sus funciones en junio de 2009-- ya prestó testimonio ante el doctor Casas y habría ratificado lo que manifestó Cañete en la denuncia.
     Expresó que en noviembre último, el asesor legal de la prisión y el subdirector del área de Asistencia y Tratamiento, prefecto Horacio Falcone, preguntaron, a modo de comentario, si había documentación archivada y una de las empleadas les dijo que no existía, ya que en una oportunidad había sido retirada.
     Ortega reconoció que luego mantuvo contacto con la guardia María Urbinatti y la cabo Betiana Ojeda, quienes le expresaron que un día (sin recordar cuál), Braun decidió "embolsar y retirar" la documentación en cuestión.
     Estos instrumentos estarían referidos a libros de registro de ingreso diario de visitas, fichas individuales de los internos, tarjetas de visita de los reos, libros de visitas especiales, datos de los familiares de los reclusos, parte de novedades de los días de visitas y cuadernos de encuentros.
     Mientras tanto, para el mes próximo se fijaron las declaraciones de las dos empleadas aludidas de la sección Visitas.
     Julio Moretti había declarado oportunamente que Víctor Cuchán contaría con "privilegios" dentro del penal, como visitas en horarios y días infrecuentes (que no quedaban asentadas en los libros) y el uso de un teléfono celular, entre otras comodidades.
     "El no renunció a esos beneficios, sino que se los sacaron. Incluso va a haber sumarios administrativos dentro de la cárcel por ese tema", había anunciado Moretti.
     Esas manifestaciones motivaron, efectivamente, el acta interna en la institución de Villa Floresta que, a su vez, desembocó en la denuncia penal.
     Cuchán fue condenado a 18 años de prisión por el homicidio de Luciana, aunque el fallo, dictado por el Tribunal en lo Criminal Nº 1, aún no está firme.
     La adolescente, según la investigación, habría sido ultimada e incinerada durante la madrugada del 16 de octubre de 2004, en el fogón de la casa de Cuchán, y después sus restos fueron diseminados en distintos puntos de la localidad portuaria y de Villa Rosas.

Sin salidas. La Cámara Penal rechazó un recurso de hábeas corpus presentado por el abogado Maximiliano De Mira, para permitir que Pablo Cuchán pudiera salir de la cárcel --tal como lo había hecho a mediados del año pasado--, a fin de visitar a su hermana discapacitada. Los jueces entendieron que, más allá de que la vía empleada no es la correcta, no concurre "ninguno de los supuestos" enumerados por la norma, tales como detenciones ilegales o agravamientos en las condiciones de encierro, para plantear este tipo de alternativa

Fuente: www.lanuevaprovincia.com

 

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